TEMPE, Arizona — En los meses anteriores a la votación en el Congreso de la Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros (Dream, por su sigla en inglés) en 2010, jóvenes de todo el estado organizamos manifestaciones para instar a nuestros funcionarios electos a votar a favor de la propuesta. En aquel entonces, yo era una estudiante de comunicación de 21 años en el Estrella Mountain Community College, en Avondale, Arizona.
Recuerdo la esperanza que sentí el día en que me reuní con otras personas en la oficina del senador John McCain en Phoenix ese diciembre; después de todo, él había sido uno de los promotores de las versiones de 2003 y 2005 de la Ley Dream. Pero el proyecto de ley se desvaneció en el pleno del Senado al día siguiente. McCain fue uno de los legisladores que votó en contra de la legislación, entre otros cinco demócratas.
Esa no fue la última vez que me sentí traicionada por un político.
La primera versión de la Ley Dream, que habría brindado a jóvenes como yo un camino para obtener la ciudadanía, se promulgó en 2001. Sin embargo, casi 20 años después, nuestros futuros aún penden de un hilo. Las reformas migratorias de gran envergadura que podrían proporcionar ayuda de migración permanente a los estimados 11 millones de personas que están en el país sin documentos no han logrado aprobarse tanto en gobiernos republicanos como demócratas.
Ahora tengo 31 años. Soy madre de un hermoso niño de 5 años. Hace dos años, le diagnosticaron autismo. A su padre y a mí nos otorgaron la acción diferida bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, poco después de su implementación en 2012, con lo cual cumplimos los requisitos para obtener permisos de trabajo. Esto, a su vez, nos da acceso a un seguro médico privado a través de nuestros empleadores, lo cual significa que nuestro hijo puede recibir la terapia que necesita.
Los últimos cuatro años han sido una montaña rusa de emociones. El estrés que siempre ha conllevado mi estatus migratorio de indocumentada se ha amplificado desde que diagnosticaron a mi hijo, debido a los intentos del gobierno de Donald Trump para acabar con el DACA. ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestro estatus y seguro de salud? ¿Qué sería de mi hijo si perdiera el acceso a la atención médica que es tan vital para su desarrollo? Se me hacía un nudo en el estómago cada vez que me enteraba de que un tribunal había pronunciado una decisión sobre una de las muchas objeciones que Donald Trump había hecho contra el programa.
El presidente Biden ya ha tomado varias medidas en materia de inmigración, entre ellas, fortalecer el DACA. También presentó ante el Congreso la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, la cual abriría un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. El plan ha sido aclamado como audaz, pero las personas sin documentos ya han visto esto antes. Barack Obama también hizo grandes promesas que no logró cumplir. No podemos seguir así.
Trump deshumanizó e intimidó a la comunidad inmigrante. Pero la verdad es que las leyes y los políticos racistas ya actuaban en contra de las personas indocumentadas desde mucho antes de que él llegara al poder. En 2008, el exalguacil Joe Arpaio se regodeó por tener su propio campo de concentración, donde encarcelaba a personas sin documentos. Una ley de Arizona, la Ley de Arizona SB1070, en 2010 les daba a los agentes de policía la facultad de arrestar a cualquiera que ellos consideraran que había cometido un crimen que podría ameritar su deportación, entre otras cosas. En 2012, la gobernadora Jan Brewer quiso prohibir el acceso a las licencias de conducir para los beneficiarios del DACA en el estado.
Por medio de mi trabajo en el movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes, he sido testigo de muchísimos ejemplos de cómo la falta de estatus legal, aunada a las políticas de inmigración criminalizadoras, arroja una sombra oscura sobre las vidas de nuestra comunidad no solo en Arizona, sino en todo el país. Desde las acusaciones de esterilización forzada de mujeres en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) hasta los niños que han quedado huérfanos debido a la deportación.
A veces pareciera que las personas indocumentadas son perseguidas por el simple hecho de existir en un país al que han aportado tanto. Nuestras contribuciones no se limitan a desempeñar un papel crucial en la economía de la nación y pagar miles de millones de dólares en impuestos al año. Muchos también han trabajado para que los estadounidenses sigan teniendo qué comer durante la pandemia, por lo que han perdido su vida en el proceso, y en todo ese tiempo no ha habido ninguna solución legislativa permanente a la vista. Pensar en todo esto me llena de rabia. Luego veo a mi hijo y pienso que no tengo otra opción más que seguir luchando, aunque estoy cansada. Estoy muy cansada.
Esta vez, los hechos deben decir mucho más que las palabras. El gobierno de Biden debe comenzar por abrir una investigación sobre el Departamento de Seguridad Nacional, que alberga al ICE, así como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), dos instituciones que se han convertido en símbolos de abuso y terror en nuestra comunidad.
El ICE y la CBP han separado a familias en la frontera, han encerrado a niños en jaulas y, según algunos relatos, han agredido sexualmente a inmigrantes. Biden debería abolir ambas agencias y hacer que el Departamento de Seguridad Nacional rinda cuentas por las violaciones que ha cometido. El gobierno también debería pronunciarse en contra de las políticas y los políticos estatales que buscan instaurar leyes diseñadas para seguir criminalizando a nuestra comunidad.
Y, por supuesto, también está el proyecto de ley de inmigración.
Ahora mismo, los demócratas cuentan con una leve mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero es muy probable que la aprobación del proyecto de ley del presidente esté supeditada al apoyo republicano. Esto requerirá que Biden se mantenga firme y no permita que se hagan enmiendas ni concesiones que criminalicen, hieran o discriminen a cualquier parte de nuestra comunidad. También implica no poner en riesgo la promesa de protección para todos los 11 millones. Si bien es importante, no podemos dejar que la protección de los “dreamers” sea el límite máximo de las legislaciones permanentes obtenidas durante el mandato de Biden. Proteger a los “dreamers” también significa proteger a nuestras familias y comunidades.
El presidente entrante tiene la oportunidad de tomar medidas decisivas. Debería trabajar para cambiar la narrativa; denunciar y desmantelar las ideas, las políticas y las instituciones arraigadas en la supremacía blanca; además, cumplir la tan esperada y necesaria promesa de promulgar una legislación que abra un camino hacia la ciudadanía. El momento es ahora; siempre ha sido ahora.
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